Por: Abogado Marco J. Meza Medina
El congresista Rospigliosi ha presentado una iniciativa que busca modificar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) con el objetivo de «devolver la investigación preliminar» a la Policía Nacional. Esta propuesta, que implicaría un retroceso al sistema previo vigente hasta el 2022 en Lima, merece un análisis para comprender sus implicaciones y posibles consecuencias.
Es importante reconocer que, si bien el NCPP no está exento de deficiencias, su implementación ha significado avances considerables en el sistema penal peruano. Limitar la actuación policial en las diligencias preliminares ha permitido reducir las arbitrariedades que caracterizaban el código anterior. La actual obligación de la Policía de elaborar su estrategia de intervención en conjunto con la Fiscalía ha generado mayor coordinación y direccionalidad en las investigaciones.
El NCPP actual exige que la Policía elabore su estrategia de intervención en conjunto con la Fiscalía. Esta conducción fiscal orienta las acciones policiales y asegura que se ajusten al tipo penal que se persigue. De lo contrario, la falta de dirección fiscal en las actuaciones policiales derivaría en cuestionamientos legales y posibles casos de impunidad.
En ese sentido, si bien es cierto que algunas liberaciones que se otorgan a imputados o detenidos por parte de la Fiscalía generan debate, esto de debe generalmente a la falta de coordinación entre la Policía y la Fiscalía.
En muchos casos, la PNP en su actuación no comunica al Fiscal de manera oportuna o completa, esta falta de información crucial impide al Ministerio Público tomar decisiones informadas y oportunas sobre la situación legal de los imputados o detenidos.
Por consiguiente ante la falta de información proveniente de la Policía, la Fiscalía se enfrenta a una disyuntiva ante tales detenciones: si mantiene la detención sin la debida sustentación legal, se expone a denuncias por prevaricato, abuso de autoridad, entre otros, por otro lado, si otorga la libertad, a pesar de las dudas o la falta de información, se corre el riesgo de que el imputado o detenido pueda obstaculizar la investigación o incluso fugarse.
Por lo dicho es de vital importancia la participación del Ministerio Público en todas y cada una de las actuaciones policiales, en ese sentido, considero que en general la propuesta del congresista Rospigliosi presenta serios riesgos para el sistema penal:
Debilitamiento de la Fiscalía: Atar de manos a la Fiscalía en las diligencias preliminares, obligándola a ceder el control a la Policía Nacional, afectaría directamente su independencia y capacidad de dirigir las investigaciones. Esto generaría mayor burocracia e ineficiencia, pues implicaría un constante ir y venir de información entre ambas entidades.
Demoras en la justicia: El proceso actual, donde la Fiscalía tiene la libertad de decidir si lleva la investigación en sede policial o fiscal (siendo esta última generalmente más eficiente), permite una acción más célere. La propuesta, en cambio, ocasionaría dilaciones innecesarias en la aplicación de la justicia.
Retroceso a prácticas cuestionables: Devolverle a la Policía un rol protagónico en la investigación implicaría un retroceso a las prácticas cuestionables del antiguo código, donde la Policía actuaba con mayor autonomía y sin la debida supervisión fiscal.
Por eso mi opinión es que en lugar de retroceder, debemos enfocarnos en fortalecer el sistema actual mediante:
Mejorar la coordinación entre Fiscalía y PNP: Es fundamental optimizar la comunicación y colaboración entre ambas instituciones para garantizar una investigación fluida y eficaz.
Capacitación y especialización: Invertir en la capacitación y especialización tanto del personal fiscal como policial es crucial para mejorar su desempeño en sus respectivas funciones.
Recursos adecuados: Dotar a la Fiscalía y la Policía de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para llevar a cabo sus labores de manera eficiente y transparente.
Es importante evitar caer en la trampa de convertir este debate en una confrontación política entre izquierda y derecha. El sistema penal debe basarse en criterios técnicos y objetivos, no en ideologías o intereses particulares. La propuesta del congresista Rospigliosi representa un paso atrás en la búsqueda de un sistema penal más justo y eficiente. En su lugar, debemos enfocarnos en fortalecer el NCPP actual mediante un enfoque integral que fomente la coordinación, la capacitación y la dotación de recursos adecuados. Solo así podremos construir un sistema penal que responda a las necesidades de la sociedad peruana.
